Ataque a las libertades públicas y garantías constitucionales

Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza (*)

En un evento realizado para conmemorar la libertad de prensa, el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura señaló, que tal derecho es fundamental para la convivencia democrática, hacerla inclusiva y garantizar a los ciudadanos, que el pueblo, tenga acceso libre a una información veraz y diversa. Si contrastamos esto con el hecho que Honduras se ha convertido paulatinamente en uno de los países más peligrosos para los periodistas y que a estas alturas suma alrededor de 100 personas ligadas a medios de prensa asesinadas desde el 2001, podemos rápidamente concluir que la situación de nuestra joven e imperfecta democracia es precaria.

Vale decir también que a este fenómeno hay que agregar la existencia de hiperinflación de la información ya que, desde las diversas redes sociales, cualquier persona sin seguir el rigor científico y muchas veces con una intención de desinformar, difamar, destruir honras y honores, se convierte en un pseudo-informador de las noticias nacionales e internacionales que tienen efecto sobre la vida de los ciudadanos de manera inmediata y, por lo tanto, se hacen necesarias regulaciones que protejan al periodismo real así como el acceso a una información verificada, verificable y veraz.

Los Estados como el hondureño están obligados, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales de los que somos parte, a proteger de manera efectiva diversos derechos individuales; el de la vida, la integridad física, síquica y moral de la persona, la libertad personal, la emisión del pensamiento por cualquier medio y su difusión sin censura, el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, el libre ejercicio de las religiones, las libertades de asociación y de reunión, a manifestarse en manifestación pública o asamblea transitoria en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, a hacer peticiones a las autoridades, a circular libremente y transitar por el territorio nacional, el derecho de defensa, a la garantía de un debido proceso y la presunción de inocencia en un juicio, a la propiedad privada y muchos otros más.

En el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras Honduras aparece en el lugar 146 de 180, es decir en la zona roja que nos señala como un estado peligroso para los que se dedican a la tarea de informar, agreguemos a eso que la actual administración no ha derogado la tristemente célebre Ley de Secretos Oficiales, al contrario, 13 instituciones han solicitado reserva de información que debe ser conocida por el pueblo hondureño: La Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, la de Coordinación del Gobierno, la de Salud, la de Relaciones Exteriores, , la Administración Aduanera de Honduras, la Alcaldía del Distrito Central, El Instituto de Previsión Militar, el Instituto Nacional Penitenciario, el Instituto de Antropología e Historia, la Dirección de Gestión por Resultados, la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, el Instituto de Transporte Terrestre, el CNA, entre esta información están por ejemplo, la negociación sobre la entrada de la CICIH, la que tiene que ver con el Ferrocarril Interoceánico, la relacionada con las compras de energía térmica de la ENEE, la de las obras de cárceles, la de la Isla del Cisne y muchas otras, encima de eso el IAIP no publica sus resoluciones, imagínese usted lo que está escondido ahí!.

Todas estas acciones dirigidas desde el poder, la creación de campañas de odio desde los famosos bots gubernamentales, para atacar a opositores políticos, a disidentes del partido de gobierno y a cualquier ciudadano o persona nacional o extranjera que opine de manera contraria a la versión oficial, el uso de mecanismos tecnológicos de intervención de celulares y equipos electrónicos de los antes mencionados, la persecución funesta a la empresa privada, la intervención de colegios profesionales y partidos políticos, la desarticulación evidente del mecanismo de protección a periodistas, abogados y defensores de derechos humanos creado el 2015, son indicios más que evidentes, que estamos ante un ataque furibundo de nuestras libertades públicas y de nuestras garantías constitucionales con el propósito claro de eliminar toda posibilidad que desfavorezca al gobierno y a Mel Zelaya de sus verdaderas intenciones, quedarse en el poder más allá de los límites constitucionales.

Por eso, los hondureños que amamos la democracia aún y con todas sus imperfecciones, que la vemos como el único camino inteligente, real, pacífico, civilizado, efectivo y eficaz para dirimir nuestras diferencias políticas e ideológicas, debemos alzar la voz, así como lo hicimos cuando JOH comenzó a hacer lo mismo, exigir el respeto a nuestros derechos, libertades y garantías legales establecidos en la Constitución de la República. Señalar la violación de los mismos, así como de la Libertad de Prensa que es indispensable para que exista democracia.

Tenemos ejemplos que de los que aprender, ahí están Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros que se convirtieron en estados policiales al servicio de dictadores soberbios, inescrupulosos y sanguinarios, que fueron poco a poco cooptando las instituciones de control propias de la democracia, que comenzaron persiguiendo opositores, disidentes, iglesias, colegios profesionales, universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil que no se pusieron a sus pies, que manipularon los poderes del Estado a su beneficio, que destruyeron el tejido social y la riqueza de las naciones para convertirse en traficantes de miseria y sumir a sus pueblos en un infierno.

Tácito el filósofo decía: “La libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todo eso, es preferible a la tranquila placidez del despotismo”.

(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario. Político.