Por: Carlos Medrano – Periodista
A pocos meses de cumplir 203 años de independencia patria, lastimosamente Honduras no ha podido construir durante tantos años una institucionalidad que nos permita combatir eficientemente la corrupción, uno de los males más grandes y desastrosos que tiene esta tierra centroamericana.
Es sencillo, la clase política y gobernante no quiere adecentar a esta nación y castigar a los ladrones del erario público, no quiere meterlos presos y provocar temor a los nuevos ladrones que ya están listos para caerle a los fondos estatales y que no sustraigan recursos públicos, no quiere crear las leyes e instituciones fuertes que enfrenten y castiguen a quienes se han enriquecido gozando de la impunidad que ofrece este país.
El grito desesperado para que venga una misión internacional que frene “al monstruo de mil cabezas” es el reconocimiento de que hemos fracasado en la lucha contra la corrupción, es la evidencia indeleble que las instituciones encargadas de investigar, procesar y castigar a los delincuentes de “cuello blanco” no han hecho su papel constitucional y legal en beneficio de un país que ya no puede más con tanto ladrón.
La promesa presidencial de traer a una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICIH, no fuese necesaria si los organismos como el Tribunal Superior de Cuentas, TSC; Fiscalía Contra la Corrupción; Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP y la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, hicieran su papel y su función.
Se necesita voluntad política para combatir y erradicar la corrupción, así como ocurrió en otras naciones que tenían igual o peor crisis producto de este mal que drena los recursos del Estado en perjuicio de los más pobres.
El mejor ejemplo es Singapur, situada en el corazón de Asia, con cinco y medio millones de habitantes, el segundo puerto más importante del mundo y el centro financiero donde tienen su sede los bancos e instituciones financieras más grandes del planeta.
Como producto de esa actividad económica tan bonancible, se desató una corrupción que parecía irreductible. Los actos de corrupción aumentaban, los escándalos por contratos irregulares y amañados, desfalcos, corrupción en la empresa privada y el Estado no tenían freno.
Hasta que llegó al poder el primer ministro Lee Kuan Yew, quien decidió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie, reunió su Consejo de ministros y les dijo una frase que se volvería famosa: “Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia”.
La primera medida que tomó fue incrementar con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Las condenas más altas se reservaron para quienes se apropiaran de dineros destinados a los temas sociales más delicados, como programas de salud y educación, o para atender a niños pobres y ancianos desprotegidos.
Lew Kuan Yew estableció reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, ya que descubrió que las leyes habían sido redactadas con una confusión amañada y dirigida para facilitar los enredos de la corrupción y se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona, o los que desfalcan los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres.
Fueron enviados a la cárcel varios ministros, unos gerentes, líderes sindicales, empresarios que ofrecían sobornos a los funcionarios, periodistas corruptos que hacían negocios indebidos con entidades estatales.
Hoy Singapur es el sexto país más rico del mundo y con menos trabas administrativas y burocráticas del mundo, con una gigantesca inversión extranjera, sino uno de los países más seguros para vivir porque su sistema de justicia es reconocido como uno de los más confiables que existen.
