El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este miércoles la participación de exmiembros de la policía y exmilitares en las recientes desapariciones masivas en el norte de Honduras.

Sánchez enfatizó la contundencia de la Policía Nacional en su lucha contra las estructuras criminales, destacando una reducción significativa de la tasa de homicidios en ocho puntos en los últimos dos años.

Sin embargo, señaló que no puede revelar todos los detalles de las investigaciones en curso sobre los secuestros masivos en Tela, Atlántida; y Baracoa, Cortés.

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El abogado Carlos Chajtur ha afirmado que expolicías y exmilitares están involucrados en estos secuestros. En respuesta, Sánchez indicó que Chajtur presenta verdades a medias y que la Secretaría de Seguridad debe ofrecer un panorama equilibrado.

Sánchez reveló que uno de los secuestrados en estos eventos es hermano de un individuo conocido como «Chafalo», quien está en la Penitenciaría Nacional y es solicitado en extradición.

El ministro subrayó que las estructuras criminales, algunas integradas por expolicías y exmilitares, cuentan con equipos tácticos avanzados.

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Indicó que estas organizaciones se enfrentan constantemente entre sí, como se evidenció en un incidente en Villas Mckay de San Pedro Sula, donde una granada estalló durante una reunión de individuos que planeaban rescatar a secuestrados.

“Hay expolicías secuestrados y se supone que hay expolicías en las bandas que secuestran, también hay exmilitares, pero eso no significa que el problema sea la Policía”, indicó.

Sánchez también mencionó que la depuración de la Policía en 2016 no impidió el tráfico de drogas, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos, era uno de los principales narcotraficantes del país.

En cuanto a las reformas propuestas al Poder Legislativo, Sánchez sugirió que portar uniformes similares a los de la policía o el ejército debería ser una agravante en la comisión de delitos, aumentando la pena en una tercera parte.

Finalmente, el ministro defendió que el crimen organizado está siendo fuertemente combatido por las fuerzas de seguridad del Estado, que buscan deslegitimar a estas entidades. Añadió que Centroamérica enfrenta un flujo constante de armas, sumado a la pérdida de armas y municiones de las bodegas estatales.