El desplazamiento forzado por violencia afectó a miembros de los pueblos indígenas y afro-hondureños en los últimos ocho años, reveló en un informe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El ente estatal, entre el 2016 y el 2023, atendió alrededor de 180 quejas de personas víctimas de esa modalidad violatoria.
“Solo en el 2023, el Conadeh atendió 42 casos de personas indígenas y afrohondureños en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría por defender su derecho a la tierra, al territorio y al ambiente”, detalló.
En el 57% de los casos, las personas denunciaron estar en riesgo, mientras que el 43% restante fueron víctimas de desplazamiento forzado.
El informe establece, entre sus hallazgos, que los pueblos indígenas y afrodescendientes más afectados fueron los misquitos con un 76%, los garífunas con un 17%, seguidos por los lencas con un 5% y los negros de habla inglesa con un 2%.
“Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle fueron los departamentos con la mayor concentración de las quejas de personas indígenas y afrohondureñas, en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado”, agrega el informe.
El Coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Frank Cruz, explicó que en el 2023 al menos 23 hombres y 19 mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes denunciaron ser víctimas de desplazamiento forzado.
El riesgo o desplazamiento forzado de personas indígenas y afrohondureñas estuvo asociado a causas como las amenazas, asesinatos, extorsión y el despojo de tierras.
Entre los responsables de poner en riesgo la integridad física y la vida de miembros de los pueblos indígenas y afrohondureños figuran personas vinculadas a bandas criminales, pandillas y al crimen organizado.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, manifestó que las poblaciones indígenas y afrohondureñas, además de ser parte de las poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad, enfrentan grandes barreras estructurales históricas, que se traducen en discriminación y en afectaciones a sus derechos individuales y colectivos, que contribuyen a su exclusión social.
“Es urgente que el Estado hondureño tome las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas de pueblos indígenas y afrohondureños”, recomendó Izaguirre.
De las 138 quejas atendidas por el Conadeh en el 2023 por parte de esos grupos, alrededor de 30 están relacionadas con amenazas a muerte, el resto con la falta de acceso a la justicia y el debido proceso legal, abusos a la propiedad privada, omisión de respuesta a peticiones, ejercicio indebido del servidor público, entre otras.
Las instituciones más denunciadas por las personas indígenas y afrohondureñas son la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional Preventiva (PNP), los juzgados de Paz, de Letras, las alcaldías municipales y las Fuerzas Armadas.
“Honduras cuenta con la presencia de nueve pueblos indígenas y afrohondureños, los tolupanes, lencas, garífunas, maya-chortí, tawahkas, pech, miskitus, náhuatl y negros de habla inglesa o creoles, que continúan siendo víctimas de patrones de violencia institucional o sistemática por parte del Estado de Honduras”, establece el documento. (XM)