Un joven fue capturado luego de matar con un hacha a su abuela en la comunidad de El Jicaral, jurisdicción de San José de Colinas, Santa Bárbara.
La víctima identificada como Graciela Rivera, de 90 años, sufrió una herida mortal en la cabeza que la mató al instante. El incidente mantiene consternados a pobladores de El Jicaral, quienes manifestaron que la señora era una “persona humilde y trabajadora”.
De acuerdo a testigos que presenciaron el hecho, la abuela le habría llamado la atención al hechor de 19 años, identificado como Carlos Rivera.
El sujeto, supuestamente bajo los efectos de las drogas, se enfureció agarró el arma y le infirió una herida en la cabeza a la señora, que le causó la muerte.
El joven altamente drogado después agarró un leño y remató a golpes a Graciela Rivera.
“El nieto le dio con el hacha, esto ya es demasiado”, relató sumamente alarmado un hijo de la víctima. “Se fue de la casa, pero regresó solo a pedir dinero”, agregó.
Los restos de doña Graciela fueron velados en una iglesia en la comunidad El Jicaral, para luego darle cristiana sepultura.
La intervención de los vecinos impidió que el responsable escapara al amarrarlo de pies y manos, para luego reportarlo a las autoridades correspondientes.
El subcomisionado Carlos González amplió que el joven confesó que él fue el autor. En Honduras, los delitos intrafamiliares destacan entre los cuatro flagelos más denunciados ante las autoridades y cada vez se manifiestan las formas más crueles.
La violencia intrafamiliar, violencia familiar o violencia doméstica es todo un patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica o sexual.
Datos del 911 revelan que en las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en 2017 fueron 50,231, en 2018 se registraron 72,600 y en 2019 la cifra ascendió a 94,720, lo que evidencia un fuerte incremento en la cantidad de denuncias en los últimos tres años.
La Asociación Calidad de Vida ha atendido a más de 18,400 beneficiarias en siete departamentos del país, brindándoles una atención integral y cubriendo necesidades sociales, psicológicas, médicas, legales, ocupacionales y educativas; atendiendo sus casos y apoyando su reintegración a la vida en sociedad. (JGZ)