La burocracia de la Secretaría de Seguridad tiene paralizada a por lo menos 750 empresas de vigilancia privada, poniendo en riesgo miles de empleo y a los propios prestadores del servicio, denunciaron miembros de la asociación de estas compañías.
El presidente de esta asociación, el exdiputado, Enrique Yllescas, señaló a la secretaria general de ese ministerio, Karla Cartagena, de tener engavetados un “sin número” de expedientes a los que no les da trámite sin dar las emplicaciones a los afectados.
Expuso que cada vez les exigen más documentos para operar y que las mismas oficinas del gobierno tardan en entregarlos y que cuando llegan con ellos a la secretaría se los rechazan porque ha expirado el tiempo.
“La inflexibilidad hace que podamos caer en la ilegalidad, no nos matriculan las armas y los policías piden mordidas para no quitar esas armas. Lastimosamente, esa es la verdad”, cuestionó el excongresista.
“Tampoco contestan las llamadas y ni les explican a los abogados de las empresas un proceso claro”, señaló.
Insistió que la tardanza en los registros de estas empresas impide que esta, a su vez, puedan contratar al personal por no tener los papeles en regla. “Déjennos trabajar, es lo único que les pedimos”.
También le pidió al Ministerio de Seguridad auditar a por lo menos 250 empresas de seguridad que operan de manera ilegal, frente a las 750 que integran esta asociación y son las mayores afectadas por la burocracia estatal. (EG)