Por: Rodolfo Dumas Castillo
La reciente condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por narcotráfico ha generado un debate intenso sobre la representación política y la integridad en nuestro país. Este suceso es otro ejemplo claro de que nuestros políticos no reflejan los valores y la moralidad de la sociedad que representan. Es innegable que, en muchas ocasiones, los representantes políticos parecen estar desconectados de los sentimientos y necesidades de la sociedad, fenómeno que no es exclusivo de Honduras. En muchos otros países se puede observar que la población es, a menudo, más ética y trabajadora que aquellos que ocupan cargos públicos. Por eso, la noción de que los políticos son un reflejo exacto de la sociedad es, en muchos casos, falsa.
En Honduras, la brecha entre los intereses de la ciudadanía y las acciones de sus políticos se hace evidente con casos como el de Hernández. La sociedad hondureña, compuesta en su mayoría por personas honradas y trabajadoras, se ve empañada por la corrupción y el abuso de poder de sus líderes. La condena de Hernández no solo refleja su fracaso personal, sino también una crisis sistémica en la política hondureña. La corrupción en la política tiene efectos devastadores en la confianza pública y en la funcionalidad del estado. Cuando los políticos priorizan sus intereses personales y familiares sobre el bien común, la sociedad en su conjunto sufre.
En Honduras, hemos visto cómo la corrupción y el narcotráfico se han entrelazado con la política, afectando la vida diaria de los ciudadanos. El enriquecimiento ilícito y el abuso de poder de políticos como Hernández no solo minan la confianza en las instituciones, sino que también perpetúan un ciclo de pobreza y violencia. ¿Dejará lecciones a nuestra clase política este caso? ¿Les servirá para modificar su conducta? Probablemente ni una cosa ni la otra. Ya lo podemos ver claramente en la integración de varios movimientos políticos: las mismas caras, las mismas estructuras. Por supuesto, lo resultados serán los mismos.
Uno de los efectos más perniciosos de este tipo de casos es la creciente desilusión de los ciudadanos con la política. Muchos hondureños ven la política como un campo inherentemente “sucio” y corrupto, una percepción que los aleja de participar activamente en los procesos democráticos. Sus familias son las primeras en desalentarnos de participar. “Para que te vas a meter a eso si de todas maneras nada cambia” o “vas a terminar manchando tu nombre.” Esta desafección es peligrosa, ya que perpetúa un ciclo de mala gobernanza y falta de representación adecuada.
Hace poco, en una plática familiar, nos comentaban sobre un nuevo candidato y como su familia le había pedido no incursionar en esa actividad, lo cual él no aceptó, explicándoles sus motivaciones. “Pero no va a ganar”, nos decía la familiar. En política nada es seguro, cualquier cosa puede ocurrir y, en el peor de los casos, esa persona ganará un espacio dentro de la estructura partidaria para promover buenas ideas, espacio que sin su participación podría ser llenado por alguien menos capaz y probo. Al final, eso es lo que más requiere nuestro país, personas competentes que aporten ideas para solucionar la enorme lista de retos que enfrentamos.
Es precisamente en momentos de crisis y decepción cuando la participación de la ciudadanía se vuelve más importante. Necesitamos una nueva generación de líderes comprometidos con el cambio, dispuestos a luchar por una nación más justa y equitativa. Los partidos y los malos políticos no van a ceder jamás, pero si pueden ser reemplazados por nuevos y mejores dirigentes. La condena de Hernández podría ser un punto de inflexión para Honduras. La sociedad tiene la oportunidad de reflexionar sobre el tipo de liderazgo que desea y de exigir transparencia y responsabilidad a sus representantes. La política necesita palabras valientes y acciones concretas que generen confianza y esperanza en un futuro mejor.
El desafío es grande, pero la sociedad hondureña ha demostrado ser resiliente y capaz de superar todo tipo de adversidades. Es fundamental que la ciudadanía continúe exigiendo rendición de cuentas y participando activamente en la vida política del país, sobre todo los jóvenes. Solo así podremos cerrar la brecha entre los políticos y la sociedad, y construir un futuro donde el servicio público sea sinónimo de integridad y dedicación al bien común.
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