Al oído de sociedad civil, medios de comunicación y ONGs en Honduras
Por: José Rolando Sarmiento Rosales
En Rusia tiene vigencia la “Ley de Agentes Extranjeros” muy especialmente aplicada a las Organizaciones No Gubernamentales más conocidas como ONGs, que como sabemos abundan en Honduras y muchos otros países del mundo, incluida la República de Rusia. Ley de agentes extranjeros: el delito en autocracia. Un instrumento de la política exterior rusa, hacia Europa excomunista y más allá, es una embestida contra la sociedad civil. Publicamos sobre el particular lo que encontramos en Infobae, que debe servir para que la sociedad civil hondureña y los integrantes de las ONGs pongan las barbas en remojo, porque ya similares medidas al autocrático estilo ruso de Putin, están aplicando sus aliados latinoamericanos en Cuba, Venezuela y el gobierno Ortega-Murillo de la cercana Nicaragua, para reprimir a todo aquel que se oponga a sus políticas y se considere opositor, que al recibir subsidios de gobiernos o entidades de otros países, los coloca en posición de servidores de tales gobiernos, o simplemente ser considerados “traidores a la Patria”.
Dentro de Rusia, la primera ley acerca de “agentes extranjeros”, personas y ONGs que reciben contribuciones desde el exterior, es de 2012. Desde 2018 el gobierno de Putin adoptó más de 50 leyes adicionales a tal efecto. Ellas incluyen, entre otras, censura en medios y en redes sociales, regulaciones en el uso de internet, restricciones al derecho a la protesta, leyes contra “organizaciones indeseables” y leyes contra las “relaciones sexuales no-tradicionales”, la criminalización de la homosexualidad. Asimismo, en junio de 2017 el parlamento de Hungría aprobó legislación restrictiva de ONGs con fondos extranjeros. Esta ley intima a toda organización que reciba más de 24 mil Euros al año desde el exterior, a registrarse como tal y declarar sus donantes, bajo apercibimiento de ser clausuradas. La ley fue presentada como un mecanismo para combatir el lavado y robustecer la transparencia de las ONGs, pero desde las organizaciones de derechos humanos se denunció que el objetivo es obstruir y desacreditar voces críticas de la sociedad civil.
De hecho, la ley también incluye contribuciones de Europa; es decir, provenientes desde dentro del Estado y el sistema político-jurídico al que Hungría pertenece; peculiar noción de “exterior”. En su momento, la Comisión de Venecia la objetó por interferir con la libertad de expresión y de asociación. En Eslovaquia, la coalición nacionalista, en el gobierno desde octubre pasado, acaba de proponer una enmienda a la legislación de ONGs categorizando como “organizaciones con apoyo extranjero” a aquellas que reciban más de 5 mil Euros al año. El aire de familia es innegable, el gobierno justifica su propuesta como un instrumento para incrementar la transparencia en las finanzas de dichas organizaciones y fortalecer la confianza pública verificando los montos y el origen de sus fondos.
Idéntica ley existe en Nicaragua, de hecho, la cual clasifica como “agente extranjero” a personas y organizaciones que cuenten con financiamiento externo y utilicen esos recursos para realizar actividades sobre los asuntos internos y externos del país. Además, prohíbe a dichos “agentes extranjeros” participar en la vida política nacional u optar a cargos públicos o de elección popular, incluso si son nicaragüenses. Obviamente, una intensificación de la represión de la dictadura Ortega-Murillo. Cientos de organizaciones fueron clausuradas en base a esta legislación, en vigencia desde septiembre de 2020. En Venezuela, la Ley en Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional de 2010, establece multas para partidos políticos y organizaciones no gubernamentales que defiendan derechos civiles y políticos, y reciban financiamiento internacional. Recientemente, el proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs y Afines” fue aprobado en una primera discusión por la Asamblea Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al país a abstenerse de aprobar dicha legislación por limitar el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público.
Pero tomemos nota, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, anunció la reunión de los magistrados del cuerpo con el fiscal general de la Federación de Rusia, Igor Krasnov, llevada a cabo en el salón de sesiones de Sala Plena del TSJ con el objeto de ampliar y fortalecer los lazos de cooperación en el ámbito judicial entre las dos naciones. La Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez manifestó que esta reunión robustece las ya amplias relaciones que existen entre los sistemas de justicia de Venezuela y Rusia, al tiempo que expresó su disposición de ampliar la cooperación para combatir delitos internacionales como la corrupción, el terrorismo y la legitimación de capitales, entre otros. Con coincidencias hasta en la terminología, difícil ser ingenuo. Esta legislación debe ser vista como un instrumento cada vez más importante en la política exterior rusa, hacia Europa excomunista y más allá, una embestida contra la sociedad civil a ambos lados del Atlántico diseñada para fortalecer autocracias.
En nuestra Honduras debemos estar alertas ante señales de querer restringir la libertad de prensa y el funcionamiento de ONGs, en cuyos informes se cuestione acciones de alguno de los Poderes del Estado.
