COMO decíamos ayer. Un avance, sin duda, lo fueron las reformas constitucionales acordadas entre las fuerzas políticas representadas en la cámara de diputados, que sustituyeron los viejos esquemas por nuevos entes electorales solventes y creíbles con miras a la construcción de un proceso electoral confiable y transparente. No hubo arreglo en ese momento sobre la segunda vuelta, pero ese debate ahora no debe ser postergado. No como banderita para agitar del diente al labio. Sino como aspiración –ahora que hay tantos partidos– que la nación salga fortalecida de la consulta comicial, dando sentido real a las alianzas, con un gobierno fuerte, respaldado por una mayoría contundente de los hondureños y con mayor solvencia para conjuntarlo. Esto sí daría una vuelta de calcetín al proceso. Pues bien, satisface que las líneas anteriores sirvieran para abrir la discusión pública sobre esta eventualidad. Con la advertencia que, si de evitar crisis se trata, en varios lugares la segunda vuelta ha funcionado bien, en otras partes, quién sabe. Al final del día –no son las modalidades o las herramientas– son las personas que empujan a los pueblos a las crisis.
Sobre la cuestión que nos ocupa, como contribución jurídica a la discusión, escuchamos con atención el criterio del exfiscal general. En una reciente entrevista, citando el artículo 236 constitucional, refería que la elección presidencial se determina por la simple mayoría de votos. No había controversia –más o menos es lo que explica– sobre esa simple mayoría de votos cuando el país oscilaba en torno a la preferencia de dos partidos. En otras palabras, cuando funcionaba el bipartidismo. Sin embargo, una vez irrumpe un tercero, como fuerza electoral determinante en el país –ya no el bipartidismo sino el tripartidismo– no es posible medir una mayoría de votos solo en relación al que ocupa el segundo lugar, sin agregar a la ecuación los votos del tercer partido. El tripartidismo, a partir de un tiempo para acá, se ha convertido en la nueva realidad. Ni por asomo pretendemos utilizar el término tripartidismo en forma peyorativa. Todo lo contrario. Se trata de la influencia que ejercen en la política y sobre el curso de muchas decisiones nacionales, la palanca de esas tres fuerzas políticas. (Sin menospreciar la contribución a la democracia de los numéricamente más pequeños). Tanto así que las recientes reformas constitucionales –virtud de los acuerdos políticos– les otorgaron representación tripartita, integrando cuerpos colegiados de decisión, tanto en el ente registral como en los organismos electorales.
Así que el criterio del exfiscal, como especies a la ensalada del análisis jurídico y doctrinario del sistema de elección, no es ninguna tesis pedestre. La figura del balotaje –ballotagge, en francés– nace con la instauración del segundo imperio francés de Napoleón III, y resurge en la Quinta República con la constitución francesa del 58. Se entiende por balotaje la nueva práctica comicial cuando “ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos, en la generalidad de casos, la mayoría absoluta”. Más ahora, cuando la nación está abocada a un nuevo proceso electoral, si la intención es hacer justicia a los nuevos liderazgos, que cuentan con significativo respaldo ciudadano, inscribiendo otros partidos. Esta podría ser la última oportunidad que tengan los partidos políticos –cuando la mayoría indignada a todos los ve como más de lo mismo– antes que las realidades cambiantes acaben de darles cristiana sepultura. De manera que un auditorio desencantado con la clase política y hasta indignado con el sistema –en medio de la pandemia que exacerba aún más el descontento– pueda anidar alguna mediana esperanza que el camino electoral conducirá irremisiblemente a linderos más prometedores de bienestar colectivo. Es obvio que la figura de la segunda vuelta no es cosa que pueda definirse poniendo otra urna en las primarias, ya que una consulta legítima a la voluntad popular es al soberano completo, no solo a la parte –sea la cabeza, tronco o extremidades– que acude a las internas. Y con esta pandemia encima, poca es la probabilidad real de plebiscitos antes de las generales. Así que –les guste o no– ello requeriría de reformas constitucionales virtud de que haya consensos en la cámara legislativa.
